¿CUÁNDO EXISTE UN DELITO DE DEFRAUDACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL? ELUSIÓN DEL PAGO DE CUOTAS

¿CUÁNDO EXISTE UN DELITO DE DEFRAUDACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL? ELUSIÓN DEL PAGO DE CUOTAS

Fuente ADN Social y Sentencia TS Sala Penal de 22-11-18

Es frecuente que se pidan citas por problemas de deudas con la Seguridad Social. En principio, son problemas administrativos los de estas deudas. Conviene también indicar que es mal asunto deberle dinero a la Seguridad Social, no solo porque, a partir de cierta suma, implica un delito, sino porque, como acreedor, contando con potestad ejecutiva directa, es peor que la Agencia Tributaria y da menos posibilidades para negociar que ésta.

La cuestión a tratar es a partir de que importes se habla ya de delito y sus requisitos para tal calificación. A tenor de la Sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 22 de noviembre pasado queda claro un matiz y es que el hecho de no abonar las cuotas a la Seguridad Social no supone, sin más, una defraudación y, por lo tanto, un delito. Es necesario que se realicen, además, maniobras de ocultación que puedan perjudicar a la labor inspectora.

El CASO: La sala de lo penal de la AP de Segovia condena a 4 años de prisión y a una multa de 400.000 euros a un empresario como autor criminalmente responsable de un delito de defraudación a la Seguridad Social, en su modalidad agravada, por eludir más de 300.000 euros en concepto de cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta (CP art.307 y 307 bis). La AP considera que existe en el empresario ánimo defraudatorio en base a los siguientes indicios:

a) Cambios de denominación social de la empresa mediante la creación de 4 sociedades sucesivas, cuyo objetivo era la ocultación a la Seguridad Social pues con sus nuevos nombres sociales se abrían en la Seguridad Social CCC distintos, pudiendo pasar desapercibido el hecho de que se trata del mismo empresario.

b) La operación ficticia de transmisión de sus participaciones sociales a una trabajadora convirtiéndola en socia y administradora única mientras el empresario era dado de alta como trabajador aunque ejercía las funciones de dirección y mantenía el control efectivo de la empresa. La recuperación de las participaciones sociales por el precio de 1 € constituye un indicio relevante de la simulación de la primera transmisión.

c) No dar de alta a sus trabajadores hasta que el incumplimiento de este deber era detectado por la Inspección de Trabajo.

d) Falta de presentación de las cuentas sociales en el registro mercantil.

e) Impagos sistemáticos, pese a su conocimiento de la deuda y falta de intención de regularizar su situación que se aprecia en la ausencia de propuestas formales de regularización o aplazamiento del pago de las cuotas.

Frente a la sentencia de la AP de Segovia, el empresario presenta recurso de casación alegando, entre otros motivos, que no ha quedado acreditado su ánimo defraudatorio y que si no pagó fue porque carecía de liquidez. Argumenta también que su pretensión al cambiar de sociedades no era ocultar nada sino conseguir que sus proveedores siguieran sirviéndole y poder reflotar el negocio.

El TS desestima la alegación. Es cierto que el hecho de no abonar las cuotas a la Seguridad Social no supone sin más una defraudación si no se realiza maniobra de ocultación que pueda perjudicar a la labor inspectora y que es necesario un ánimo defraudatorio cuya existencia ha apreciado la sala de instancia a partir de indicios. En este sentido, el TS recuerda que la realidad del hecho y la participación del acusado puede establecerse a través de indicios siempre que concurran una serie de requisitos (pluralidad de indicios; que estén acreditados por prueba de carácter directo; que sean periféricos respecto al dato fáctico a probar; que estén interrelacionados; racionalidad de la inferencia y expresión de cómo se llegó a la inferencia en la instancia). Siendo esto así en la sentencia recurrida, el TS ratifica las conclusiones alcanzadas por el tribunal de instancia ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada.

Rechaza también el TS que la responsabilidad sea de las sociedades o de la persona que confeccionaba y efectuaba las cotizaciones a la Seguridad Social. La condena no se basa solo en su condición de socio y administrador único de las sociedades sino en las actuaciones por él desarrolladas.

Por lo expuesto, el TS desestima el recurso de casación y confirma la condena a 4 años de prisión y a una multa de 400.000 euros.

Dicho esto, veamos el siguiente cuadro en el que se indican las características de los tipos básicos y agravados y que, en unión a lo que acabamos de ver, delimitan cuando estamos ante una infracción administrativa y cuando ante un delito:

Defraudación a la​ Seguridad Social ​
Tipo básico (CP art.307) Sanción (1)
Defraudar a la Seguridad Social, por acción u omisión, por cuantía superior a 50.000 €.

Es necesario que se realicen, maniobras de ocultación que puedan perjudicar a la labor inspectora.

La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.

Modalidades

  • Elusión del pago de cuotas o conceptos de recaudación conjunta
  • Obtención indebida de devoluciones de cuotas o conceptos de recaudación conjunta;
  • Disfrute indebido de deducciones por cualquier concepto
​- Prisión de 1 a 5 años.
– Multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada.
– Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 3 a 6 años.
Tipo agravado (CP art.307 bis) Sanción (1)
– si la cuantía defraudada excede de 120.000 €;
– si la defraudación se produce en el seno de una organización o de un grupo criminal, o;
– si se hace uso de personas físicas o jurídicas para ello, o  se usan negocios, paraísos fiscales o cualquier otro instrumento para llevar a cabo el fraude.
– Prisión de 2 a 6 años;
– Multa del doble al séxtuplo de la cuantía defraudada;
– Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 4 a 8 años.
Exención d​e la pena
En caso de  regularización de la situación ante la Seguridad Social. Para ello, el obligado debe reconocer y abone la deuda en alguno de los siguientes momentos:

  • antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras;
  • antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia, en caso de que las actuaciones inspectoras no se hayan producido.
  • antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
​(1) ​Si el responsable penal es una persona jurídica las penas son (CP art.310):

– multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por una persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 2 años;

– multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años;

– multa de 3 meses a 1 año, en los supuestos de incumplimiento de obligaciones contables establecidas por la Ley Tributaria;

– pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años;

– prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.

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