RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA POR QUIEBRA DE LA ASEGURADORA PLAN DE PREJUBILACIÓN ¿QUIÉN RESPONDE DE LOS IMPAGOS DE LA ASEGURADORA SI HA QUEBRADO?

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA POR QUIEBRA DE LA ASEGURADORA PLAN DE PREJUBILACIÓN ¿QUIÉN RESPONDE DE LOS IMPAGOS DE LA ASEGURADORA SI HA QUEBRADO?

Fuente ADN Social y TS unif doctrina 1-3-18

El TS exime a la empresa de toda responsabilidad en caso de impago del plan de prejubilaciones. La suscripción del seguro colectivo convenido y la satisfacción de las primas debidas suponen el desplazamiento de la responsabilidad por las prestaciones convenidas, por lo que a partir de su abono, la obligación se desplaza a la entidad aseguradora y la empresa queda liberada de toda responsabilidad.

EL CASO: El actor prestó servicios para la empresa durante 32 años hasta que su relación laboral se extinguió como consecuencia de un ERE en cuya acta final se había pactado un plan de prejubilaciones y protección de los afectados a través de un seguro colectivo de rentas.

En cumplimiento de los acuerdos del ERE, la empresa suscribió con una compañía de seguros las correspondientes pólizas, mediante las cuales los trabajadores percibían unos complementos a las prestaciones públicas más las cantidades relativas a la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social. En el contrato de seguro, la empresa era la tomadora, los trabajadores los asegurados-beneficiarios, y la aseguradora asumía el pago de las rentas.

La compañía de seguros se declara en quiebra, con su consiguiente liquidación y el trabajador deja de percibir los complementos salariales y las cantidades destinadas al convenio especial. Presenta demanda solicitando se condene solidariamente a la empresa (inicial y sucesora) y a la aseguradora a abonar las cuantías cubiertas por la póliza suscrita. En primera instancia y en suplicación se estima la demanda condenando a las empresas al abono de las cantidades reclamadas, por lo que interponen recurso de casación para la unificación de doctrina.

La cuestión a debatir consiste en determinar la responsabilidad respecto de las obligaciones incluidas en el plan de prejubilaciones y derivadas del acuerdo pactado como cierre del ERE de extinción.

El TS, aplicando su doctrina sobre el caso, establece que la normativa reguladora sobre planes y fondos de pensiones (RDLeg 1/2002 art.8.6 y disp.adic.1ª) establece que los compromisos asumidos por las empresas con los trabajadores que extingan su relación y pasen a situación legal de desempleo, que consistan en el pago de prestaciones con anterioridad a la jubilación, pueden ser objeto de instrumentación; y que una vez instrumentados, la responsabilidad de la empresa se circunscribe exclusivamente a las asumidas en dichos contratos de seguros y planes de pensiones.

Como consecuencia de esta regulación, el TS considera que la suscripción del seguro colectivo convenido y la satisfacción de las primas debidas desplaza la responsabilidad por las prestaciones convenidas (rentas complementarias de prestaciones públicas hasta la edad de jubilación) a la entidad aseguradora. Por ello, a partir del abono de primas la empresa queda liberada de toda responsabilidad.

Considera también el TS que, aunque en el fondo se está en presencia de una indemnización por extinción del contrato que sustituye y mejora a la indemnización prevista en el ET, satisfecha de manera fraccionada y como añadido a la prestación pública de desempleo, la sala debe atenerse a la previsión legal de que una vez instrumentados los compromisos por pensiones asumidos por la empleadora, la obligación y responsabilidad de las empresas se circunscribirán exclusivamente al pago de las primas. La normativa establece claramente el desplazamiento de responsabilidad, que no admite otra interpretación que la exoneración de toda responsabilidad empresarial.

Por ello, se estima el recurso para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia dictada por el TSJ.

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