DISPARIDAD DE CRITERIOS A LA HORA DE CUESTIONARSE UN ERTE. COMPARATIVA DE DOS SENTENCIAS EN LAS QUE, EN DESPACHOS DE ABOGADOS, POR UN LADO SE APRUEBAN ERTES DE FUERZA MAYOR (EN BASE AL PARÓN JUDICIAL) Y, POR OTRO, SE ENTIENDE QUE NO HA LUGAR (POR CARÁCTER ESENCIAL).

DISPARIDAD DE CRITERIOS A LA HORA DE CUESTIONARSE UN ERTE. COMPARATIVA DE DOS SENTENCIAS EN LAS QUE, EN DESPACHOS DE ABOGADOS, POR UN LADO SE APRUEBAN ERTES DE FUERZA MAYOR (EN BASE AL PARÓN JUDICIAL) Y, POR OTRO, SE ENTIENDE QUE NO HA LUGAR (POR CARÁCTER ESENCIAL).

Fuentes Noticias Jurídicas y Cuestiones Laborales.

Pues aunque parezca mentira, se dan estas situaciones y bastante. Dado el sector de mi actividad, que mejor que ponerlo como ejemplo para comprobarlo.

Así, en el siguiente post veremos dos casos:

A.- UN JUEZ DENIEGA UN ERTE POR FUERZA MAYOR A UN DESPACHO DE ABOGADOS POR TRATARSE DE UN SERVICIO ESENCIAL.

B.- UN JUEZ ADMITE EL ERTE POR FUERZA MAYOR DE UN ABOGADO PARA SU SECRETARIA POR EL PARÓN JUDICIAL.

A.- UN JUEZ DENIEGA UN ERTE POR FUERZA MAYOR A UN DESPACHO DE ABOGADOS POR TRATARSE DE UN SERVICIO ESENCIAL

¿Puede un despacho de abogados acogerse a un ERTE por fuerza mayor por la disminución de su actividad durante el confinamiento? No; en todo caso, puede solicitar la concesión de un ERTE por causas económicas. Pero no por FM, al tratarse de un servicio esencial.

Así se pronunció el Juzgado de lo Social nº 1 de Zamora, en una sentencia emitida el 27 de abril de 2020 (101/2020), cuyo texto puede consultar aquí.

Un servicio esencial
Confirma el Juzgado zamorano la denegación del ERTE pretendido por un despacho de abogados, al considerar los servicios de asesoramiento legal y defensa jurídica como servicios esenciales.

El art. 22 del Real Decreto 463/2020, ha establecido como causa de fuerza mayor la suspensión o cancelación de actividades como consecuencia del COVID-19, siendo el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada, el que impone la necesidad de que la empresa solicitante acompañe un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, dejando en manos de la autoridad laboral la apreciación de la concurrencia de causa fuerza mayor.

En la memoria presentada por el despacho de abogados de fuerza mayor determinada por no ser la abogacía servicio básico e indispensable de conformidad con la regulación del estado de alarma, consideración de la que discrepa el Juzgado porque conforme al Anexo del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, se establecen las actividades consideradas esenciales, y por ende, excluidas de la suspensión o cancelación derivadas del estado de alarma, entre las que sí se prevé expresamente la actividad de abogados, procuradores, graduados sociales, traductores e intérpretes que asistan a los actos procesales no suspendidos por el Real Decreto 463/2020, cumpliendo con los servicios esenciales fijados para la Administración de Justicia, así como personas que prestan servicios en despachos y asesorías legales en materia de seguridad laboral.

Únicamente las actividades suspendidas por el estado de alarma, y por ende excluidas las especificadas en el Anexo pueden acogerse a un ERTE por fuerza mayor derivada de la declaración de la alarma sanitaria.

En el caso, siendo la única actividad de la empresa la de asesoramiento legal y defensa jurídica, queda expresamente incluida en la relación de actividades esenciales.

No obstante, añade la sentencia que queda abierta la vía para la empresa a solicitar la autorización del ERTE con fundamento en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, siempre que cumpla con los requisitos, presupuestos y procedimiento aplicable para tales causas.

B.- UN JUEZ ADMITE EL ERTE POR FUERZA MAYOR DE UN ABOGADO PARA SU SECRETARIA POR EL PARÓN JUDICIAL

La abogacía está definida como una actividad esencial. Pero a pesar de ello, el Juzgado de lo Social nº3 de Burgos ha admitido el ERTE de un letrado para su secretaria por la paralización de los juzgados. Sus labores -atender llamadas, dar citas, organizar reuniones u organizar expedientes para el juzgado- quedaron paralizadas como consecuencia del Covid, por lo que el juez entiende que existe fuerza mayor que justifica la decisión.

La sentencia (cuyo texto puede consultar aquí) arroja que la disminución de la actividad de la trabajadora fue suficiente como para aceptar el ERTE. La suspensión con carácter general de las Actuaciones judiciales y plazos procesales acordada por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 18 de marzo son prueba suficiente de que la actividad de la empleada se vio reducida de forma drástica.

Denegado el expediente de Regulación de Empleo «ERTE» por fuerza mayor por pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, entiende el Juzgado que sí concurre la fuerza mayor en esta situación. La actividad del Letrado ha quedado suspendida casi en su totalidad, como consecuencia de la práctica paralización de la actividad jurisdiccional, que ha quedado exclusivamente limitada a las actuaciones urgentes consideradas servicios esenciales, y consecuencia de ello, la trabajadora se ha visto imposibilitada para continuar desempeñando su trabajo, – imposibilidad objetiva consecuencia de la cancelación de actividades debido al COVID-19, por lo que no se aprecia razón alguna para haber denegado el expediente de regulación de empleo por razones de fuerza mayor.

Además, se da la circunstancia de que la trabajadora se allanó a las pretensiones de la demanda, que ha existido una evidente pérdida de actividad del Letrado para el que presta servicios ante la suspensión de los plazos procesales así como de la práctica totalidad de actuaciones judiciales, salvo las declaradas servicios esenciales, en las que ella no interviene, admitiendo también la imposibilidad de realizar teletrabajo.

En cuanto a lo procesal, de no haber interpuesto el demandante recurso de alzada con carácter previo a acudir a la jurisdicción social, ello queda justificado en los defectos en los que incurrió la Administración al notificar la resolución recurrida, y admitir la excepción planteada, vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.

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