LAS REFORMAS PROCESALES QUE SE AVECINAN: ALGUNAS NOTAS PARA EL DEBATE DEL FUTURO PLAN DE CHOQUE EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

LAS REFORMAS PROCESALES QUE SE AVECINAN: ALGUNAS NOTAS PARA EL DEBATE DEL FUTURO PLAN DE CHOQUE EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Fuente El foro de Labos

No hay mal que cien años dure -salvo, en algunos casos, la soledad, y eso presuponiendo que sea mala. Y las medidas excepcionales adoptadas en nuestro país con ocasión del estado de alarma no constituyen una excepción a esta máxima; por ello, también la suspensión de plazos procesales y de actuaciones judiciales dejará de surtir efectos en algún momento, esperemos que no muy lejano. Los órganos jurisdiccionales, entonces, deberán enfrentarse no sólo a la reanudación de las actividades pendientes, sino a un más que probable incremento de la litigiosidad. En este sentido, por desgracia, es esperable un aumento en el número de asuntos con causa directa o indirecta en la pandemia, tanto en el terreno estrictamente laboral (despidos, extinciones objetivas, no renovaciones de contratos temporales, impugnación de decisiones reorganizativas, reclamaciones de cantidad, extinciones ex art. 50 ET, ERTE’s, etc.), como en el de las prestaciones sociales.

Así las cosas, no es de extrañar que la DA 19ª del RDL 11/2020 prevea que el Gobierno aprobará un plan para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los juzgados de lo mercantil. Por su parte, la Comisión Permanente del CGPJ en la reunión de dos de abril de 2020 acordó el documento “Directrices para la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma”, un plan integrado por cinco bloques, siendo el relativo a las “medidas organizativas y procesales” el primero en ver la luz y el que, en sus aspectos laborales, será objeto de esta entrada. Y es que, el documento recoge una pluralidad de propuestas, tanto “genéricas” (aplicación de mecanismos de refuerzo y habilitación plena del mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales, ya contestado desde algunos decanatos y colegios profesionales), como específicas para cada orden jurisdiccional.

Por lo que respecta al social, las medidas propuestas alcanzan las 29, unas de carácter puramente organizativo, tendentes a “racionalizar con la máxima eficiencia los recursos”, y otras de reforma normativa, no solo con carácter temporal, sino en muchas ocasiones con visos de permanencia: si nos olvidamos, por el momento, de las primeras (medidas 6.10, 6.11, 6.12, 6.20, 6.25 y 6.27), las segundas admiten la siguiente ordenación.

De entrada, hay un primer bloque de propuestas calificables como “generales” y que obedecerían al intento de dar una mayor celeridad a las actuaciones procesales. Ahí se inscriben, por un lado, las relacionadas con los actos de comunicación que persiguen la generalización de la comunicación telemática como primera vía para emplazar o citar al demandado (6.14: ref. art. 55 LRJS) o la equiparación de la comunicación edictal de la LRJS a la de la LEC, incorporando el instrumento del Registro Central de Rebeldes Civiles (6.16: ref. art. 59 LRJS). Por otro, el intento de potenciar la sentencia in voce, apreciable en la ampliación de supuestos en que puede utilizarse y, sobre todo, en la eliminación de la posibilidad de solicitar su entrega documentada a requerimiento de parte (6.18: ref. art. 50 LRJS), admite una lectura en esta clave. En fin, la propia declaración del carácter urgente propuesta temporalmente para ciertos procesos –despido, extinción ex. art. 50 ET (6.19) y los relacionados con la recuperación de horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido del RDL 10/2020 (6.23)- también debería tener un teórico efecto agilizador, aunque limitado a tales supuestos; no obstante, como alerta el propio documento, extendiendo los procesos urgentes se corre el riesgo de convertir la urgencia en “regla ordinaria” y que, por tanto, no despliegue su utilidad.

Un segundo grupo se relaciona con los actos previos, en concreto, con la conciliación-mediación obligatoria y tiene como objeto mantener su supuesta “efectividad”, siendo hasta cierto punto sorprendente la fe en dicho trámite si atendemos a la realidad práctica. Al respecto, las medidas planteadas son dos: la primera incide en los efectos de la presentación de la papeleta (6.13: ref. 65 LRJS), duplicándose ciertos plazos legales (la suspensión máxima de la caducidad pasa a 30 días; la ficción de tenerlo por celebrado sin efecto se producirá a los 60 días), rompiéndose la coherencia con las previsiones del art. 81.3 LRJS; la segunda implica una reducción de los supuestos exceptuados, exigiéndola en los procesos individuales sobre movilidad geográfica, modificación sustancial o sobre conciliación de la vida laboral (6.15: ref. 64.1 LRJS), algo llamativo pues tales procesos tienen una justificación evidente para estar exceptuados (razones de urgencia o etiología del conflicto), cuando a lo mejor la senda a seguir debiera ser la abierta para las AAPP con la supresión de la RAP por la Ley 39/2015.

El tercer conjunto de medidas presentan en común que se relacionan con el proceso declarativo.
En este punto, las más relevantes son dos que merecen una valoración diversa: en sentido negativo, la ruptura de la unidad de acto al realizarse la conciliación y el juicio en convocatorias diferentes (6.22: ref. 82 y 85 LRJS), algo acompañado de una rica justificación; en sentido positivo, en cambio, las reformas propuestas en el proceso de SS, en concreto, la contestación escrita y la incorporación de previsiones que limiten la vista y/o conclusiones cuando lo soliciten todas las partes y resulte necesario (6.28: ref. 141 y 143 LRJS).

Al margen de lo anterior, otras medidas afectan al proceso monitorio en aras de alcanzar una mayor extensión de su uso (6.21: ref. 101 LRJS), si bien no se acaba de entender ese empeño en algo que desde su introducción en 2011 ha tenido una utilización decreciente y, en todo caso, deberían ir acompañadas de cambios en el art. 33 ET al implicar al FOGASA. Por otra parte, cabe mencionar la modificación del proceso por despido, a efectos de que el FOGASA, cuando el empresario titular de la opción entre readmisión o extinción indemnizada no comparezca, pueda optar por esta última y evitar los salarios de tramitación (6.4: ref. 110.1.a) LRJS). Asimismo, en esta línea de contención del gasto público, se propone modificar el proceso de reclamación al Estado de salarios de tramitación, a efectos de reducir la responsabilidad estatal, pasado a asumirse a partir de los 120 días, en previsión, seguramente, de los retrasos que se producirán y en línea con reformas pasadas. Por último, en este bloque, resta por aludir a la modificación del proceso de conflictos colectivos con el objetivo de ampliarlo como cauce primigenio para la impugnación de los ERTEs en detrimento de la vía individual, suprimiendo la necesidad de que afecte a un número de trabajadores inferior a los previstos en el51 ET (6.2: ref. 153 LRJS).

Un importante número de medidas, en cuarto lugar, se relaciona con el intento de “desatascar” los órganos superiores, reorganizando los recursos existentes o limitando la recurribilidad de las resoluciones dictadas en la instancia.

En el primer sentido, se pueden mencionar las medidas relativas a que los TTSSJJ puedan funcionar constituidas con un solo magistrado para resolver recursos contra sentencias sobre invalideces (6.1: ref. 75.2 LOPJ), dado que en ellos habitualmente se discute sobre cuestiones de hecho muy concretas, sin perjuicio de que si el ponente constata que se suscita una cuestión de eficacia general pueda solicitar que se examine por el Pleno, algo donde podría haberse ido más lejos fijando la irrecurribilidad de tales resoluciones, como por ejemplo se propone para las sentencias que resuelven los ERTE’s (6.3: ref. 191.2.e) y 206.1 LRJS); a esta orientación obedecen también las propuestas en materia de acumulación de recursos reforzando su carácter preceptivo (6.17: ref. 234 LRJS).

En el segundo sentido, al margen de la irrecurribilidad de las sentencias recaídas en los ERTE’s o de las resoluciones dictadas en ejecución provisional (6.5: ref. 191.4.d).4º LRJS), las propuestas más llamativas discurren por la senda de sustituir el concepto de “cuantía litigiosa” para recurrir por el de “gravamen sufrido”, alterando los métodos de cálculo recogidos en el art 192 LRJS y/o elevando las cuantías, en algún caso sensiblemente -de 3.000 a 6.000 euros- (6.6, 6.7 y 6.8: ref. 191, 192 y 206 LRJS), así como por la modificación de la “afectación general”, incidiendo en cierta jurisprudencia dictada en la materia y exigiendo que tal circunstancia sea alegada y probada en juicio (6.9: ref. 191.3.b) LRJS).

Por último, hay dos propuestas ajenas al terreno estrictamente procesal: la presunción sobre cuándo debe entenderse que los impagos o retrasos en el abono del salario justifican la extinción a instancia del trabajador, que sin duda incrementará la seguridad jurídica en la materia (6.24: ref. 50 ET,); por otro, la posibilidad de que la ITSS constate la falta de ocupación efectiva a efectos de facilitar el acceso al desempleo (6.26, ref. 22 LIT).

Estas son las propuestas planteadas desde el CGPJ y que abren un debate al que asistiremos durante los próximos tiempos; ciertamente muchas –gran parte- de las cuestiones abiertas trascienden la situación actual (de hecho, aparecen con visos de permanencia). Por ello, resulta conveniente su análisis sosegado, pues las prisas nunca fueron buenas consejeras; por lo demás, hay una pieza importante que se echa en falta como es la exigencia de unas mayores dotaciones personales y materiales, pues sin ellas, poca legitimidad se tiene a la hora de pedir un mayor esfuerzo al personal que presta servicios en la administración de justicia.

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