CÓDIGO DE CONDUCTA. EL EMPRESARIO NO PUEDE ACCEDER A LOS DATOS FISCALES DEL TRABAJADOR, MENOS SIN CONSENTIMIENTO DE ÉSTE, PARA COMPROBAR SU CUMPLIMIENTO

CÓDIGO DE CONDUCTA. EL EMPRESARIO NO PUEDE ACCEDER A LOS DATOS FISCALES DEL TRABAJADOR, MENOS SIN CONSENTIMIENTO DE ÉSTE, PARA COMPROBAR SU CUMPLIMIENTO

Fuente ADN Social y Sentencia de la AN 7-12-18

Es contrario al derecho a la intimidad y al honor exigir al trabajador que aporte la declaración de la renta o el informe de la AEAT para comprobar el cumplimiento de las normas del código de conducta de la empresa. Tal exigencia de documentos prescindiendo del consentimiento expreso del trabajador es una medida inadecuada y desproporcionada para la finalidad que se persigue.

El CASO: Se presenta demanda de conflicto solicitando que se declare la nulidad de distintos artículos del Código de conducta del Banco de España así como de otros artículos de la Ordenanza 9/2017, que contienen medidas tales como:

a) Necesidad de autorización previa para intervenir en cualquier tipo de conferencia, congreso, cursos o seminarios externos o cualquier colaboración que se realice en todo tipo publicación o para relacionarse con medios de comunicación cuando se trate de cuestiones económicas, financieras, bancarias o cualesquiera otras relacionadas con las funciones del banco de España (Código de conducta art.3.3).

b) Restricciones a la realización, directa o indirecta, de operaciones financieras privadas críticas (Código de conducta art.10.3.2, 10.3.3 y 11.1º).

Los demandantes consideran que estas medidas vulneran los derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad y dignidad del trabajador. La AN desestima la demanda en este punto al considerar que las medidas superan el juicio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad) exigido por la jurisprudencia para limitar el ejercicio de los derechos fundamentales.

Diferente conclusión alcanza respecto de la posibilidad de que la Unidad de Cumplimiento interno lleve a cabo actuaciones de verificación del cumplimiento de las normas aplicables a la realización de operaciones críticas, mediante la solicitud al empleado de una copia de la declaraciones de IRPF y de los datos fiscales facilitados al interesado por la AEAT pudiendo apoyarse, para ello, en empresas externas (Ordenanza art.8.2).

En los documentos de IRPF y de la AEAT se consignan datos que pertenecen a la intimidad de las personas pues informan sobre el gasto en que incurre el obligado tributario, datos de afiliación a un sindicato, o de si colabora o no con la iglesia católica o con ONG o el patrimonio personal que posee. La cuestión que se suscita, por lo tanto, se refiere a si la obligación de entrega de las declaraciones de IRPF así como los datos fiscales facilitados por la AEAT vulnera o no el derecho a la intimidad personal.

La AN señala al respecto, que entre las facultades de control del empresario no figura la de poder solicitar a sus empleados datos que pertenecen a la intimidad constitucionalmente tutelada de los mismos. Por otro lado, la LOPD/99 establece como principio general, en términos similares a los recogidos en el vigente RGPD (Rgto (UE) 2016/679), que el tratamiento de los datos personales solamente es posible con el consentimiento de sus titulares, salvo que los datos puedan ser tratados sin dicho consentimiento.

Además, la medida no supera el juicio de proporcionalidad. No es una solución idónea, necesaria y proporcionada para conseguir la finalidad de que se cumplan por parte de los empleados las normas aplicables a la realización de operaciones financieras privadas críticas pues no se derivan más beneficios para el interés general o empresarial que perjuicios sobre el derecho a la intimidad.

En atención a estas circunstancias, la AN concluye que la exigencia de los documentos prescindiendo del consentimiento expreso del trabajador ha de calificarse como medida inadecuada y desproporcionada que conculca por ello el derecho a la intimidad personal y familiar del trabajador.

Por ello, se estima en parte la demanda y se declara la nulidad del art.8.2 de la Ordenanza.

Visto lo expuesto sobre códigos de conducta internos, veamos este cuadro donde se explica sus posibles contenidos:

​Concepto – instrumento de la empresa para regular las relaciones con sus empleados;

– incluye expectativas y define comportamientos aceptables dentro de la empresa;

– contiene información pertinente a los individuos y a su comportamiento en el trabajo. También puede contener información detallada del código de ética de la empresa;

– si se firma por los trabajadores se convierte en un acuerdo legal entre el empleado y el empleador.

Objetivo – desarrollar y mantener un determinado tipo de conducta para la empresa, proveedores, clientes y el resto de los empleados;

– incluir pautas de comportamiento consecuencia de las políticas de la empresa y reflejar el modo en que la compañía percibe su imagen;

–  recordar a los empleados la manera en que sus acciones, apariencias, conductas y comportamientos afectan a la empresa.

Validez – tras su firma, se pueden usar como herramienta para tomar acciones legales o disciplinarias según las infracciones de los empleados;

– no puede sustituir, ni suplantar la legislación laboral, ni el diálogo social o la negociación colectiva;

– sólo son vinculantes si encajan y no contradicen con las normas que regulan las relaciones laborales.

Contenido – deben incluir cláusulas generales de adhesión a las políticas y éticas de la empresa;

– debe emplearse el lenguaje más claro que sea posible;

– pueden incluirse, por ejemplo:

  • prohibiciones de  actividades ilegales (fumar, beber alcohol, hablar con lenguaje obsceno, discriminar, acosar….);
  • expectativas sobre confidencialidad;
  • procedimientos  en caso de enfermedad o medidas a tomar en caso de emergencia;
  • vestimenta y apariencia adecuadas.

– la limitación de derechos fundamentales (intimidad, dignidad, honor, etc.) debe superar el juicio de proporcionalidad por derivarse más beneficios que perjuicios. Vulnera el derecho a la intimidad acceder a los datos fiscales del trabajador sin su consentimiento (AN 7-12-18, EDJ 659846​).​

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