SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: LAS RENTAS FAMILIARES NO DEBEN COMPUTARSE PARA OBTENER EL SUBSIDIO DE MAYORES DE 55 AÑOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: LAS RENTAS FAMILIARES NO DEBEN COMPUTARSE PARA OBTENER EL SUBSIDIO DE MAYORES DE 55 AÑOS

Fuente ADN Social

El TCo declara inconstitucionales y nulos determinados preceptos del RDL 5/2013. Entre otros aspectos, la nulidad alcanza a la modificación introducida en la LGSS/94 exigiendo a los beneficiarios del subsidio por desempleo para mayores de 55 años carecer de rentas familiares superiores, en su promedio, al 75% del SMI.

El RDL 5/2013 de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo introdujo, a partir del 17-3-2013, modificaciones en diferentes aspectos socio laborales. Entre otros, modificó el art.215.1.3) de la LGSS/94 (actual art.275.2 de la LGSS) para exigir a los beneficiarios del subsidio por desempleo para mayores de 55 años, además del requisito genérico de carencia de rentas superiores al 75% del SMI, que la suma de rentas de la unidad familiar dividida entre el número de miembros que la componen no superase ese límite (RDL 5/2013 disp.final 1ª.1). Este requisito se exigía para las solicitudes de subsidios posteriores a la entrada en vigor de la modificación (RDL 5/2013 disp.trans.única).

El Grupo Parlamentario interpuso recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos del Real Decreto-ley 5/2013 que el Pleno del TRIBUNAL Constitucional ha estimado parcialmente, considerando que, si bien el Gobierno argumentó la razón de la adopción de las medidas, no justificó la extraordinaria y urgente necesidad de esta medida que permitiría su regulación por decreto-ley. Añade que nada hay que indique que la regulación introducida trate de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituya una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario.

Por ello, declara inconstitucionales y nulas la disposición final 1ª.1 y la disp.trans.única del RDL 5/2013.

Respecto de los efectos de la declaración de nulidad, señala que no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas. Por ello, no serán revisadas las situaciones decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada ni las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes.

También declara inconstitucionales y nulas, con idéntica fecha de efectos, las siguientes disposiciones del RDL 5/2013:

– disposición adicional 6ª. «Actuación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en el ámbito de las Comunidades Autónomas», que ya había sido derogada por el ET/2015 disp. derog. única.

– disposición adicional 7ª. «Informe previo de las entidades, participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y de los entes, organismos y entidades del sector público estatal».

– disposición adicional 8ª, que introdujo la consideración de los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o cualquiera de los subsidios por desempleo como colectivo prioritario a efectos de su participación en políticas activas de empleo.

– la disposición final 1ª.2, por la que se modifica el art.229 LGSS/94 (actual art.297 LGSS) eliminando la facultad del servicio público de empleo de exigir a los trabajadores despedidos (por despido disciplinario; extinción por causas objetivas o resolución voluntaria del trabajador causal) la acreditación de haber percibido la indemnización legal correspondiente, o de haber interpuesto demanda judicial a efectos de la percepción de las prestaciones por desempleo.

– disposición final 1ª.3 que modifica la disp.adic.8ª.6 de la LGSS/94 sobre Normas de desarrollo y aplicación a Regímenes Especiales

– disposición final 1ª. 4 que modifica la disp.adic.39ª LGSS/94 (actual art.39 LGSS) relativo al requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones para las personas responsables del ingreso, introduciendo la presunción de ingresadas de las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los dos meses previos a aquél, cuyo ingreso aún no conste en los sistemas de información de la Seguridad Social.

– disposición final 2ª, que modificó la redacción del art.6.2 del RDL 29/2012 del Sistema especial para empleados de hogar, relativo a la incompatibilidad de los complementos por mínimos con la percepción por el pensionista de rendimientos superiores a 7.063,07 euros al año.

– disposición final 4ª, que modificó la disp.adic.1ª del RD 1493/2011 sobre suscripción de convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social.

– disposición final 6ª, que modificó el art.4 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (RD 928/1998) , en relación a la competencia sancionadora en el ámbito provincial .

– disposición final 8ª, que suprimió la disp.adic.1ª del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (RD 1483/2012) que regulaba la obligación de entregar a la autoridad laboral determinada documentación en los procedimientos por despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 o más años, en los casos de empresas obligadas a realizar la aportación al Tesoro Público.

NOTA:

1) La sentencia cuenta con un voto particular.

2) Téngase en cuenta que las disposiciones de la LGSS/94 anuladas han sido refundidas en la LGSS/2015.

3) El nuevo director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha manifestado la necesidad de modificar el subsidio por desempleo de mayores de 55 con la configuración anterior para que todos los mayores de 52 años puedan percibirlo.

En síntesis, ya no se ha aplicar la condición, para dicho subsidio, de que se computen las rentas de la unidad familiar y que, con el promedio, tenga que estar por debajo del 75% SMI, por cada miembro de la unidad familiar.

Este cuadro hace un resumen de lo expuesto:

Hasta 6-7-18 (redacc RDL 5/2013 )          Desde 7-7-18 (TCo 61/2018)

Antes

 ​  
Artículo 215.   Beneficiarios del subsidio por desempleo

1. Serán beneficiarios del subsidio

1) (…)

2) (…)

3) Los trabajadores mayores de cincuenta y cinco años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

Para obtener el subsidio el trabajador deberá tener cumplida la edad de cincuenta y cinco años en la fecha del agotamiento de la prestación por desempleo o del subsidio por desempleo; o tener cumplida esa edad en el momento de reunir los requisitos para acceder a un subsidio de los supuestos contemplados en los apartados anteriores o cumplirla durante su percepción.

Además, aunque el solicitante carezca de rentas, en los términos establecidos en este artículo, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

2. (…)

3. (…)

4. (…)

Artículo 215.   Beneficiarios del subsidio por desempleo

1. Serán beneficiarios del subsidio

1) (…)

2) (…)

3) Los trabajadores mayores de cincuenta y cinco años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

Para obtener el subsidio el trabajador deberá tener cumplida la edad de cincuenta y cinco años en la fecha del agotamiento de la prestación por desempleo o del subsidio por desempleo; o tener cumplida esa edad en el momento de reunir los requisitos para acceder a un subsidio de los supuestos contemplados en los apartados anteriores o cumplirla durante su percepción.

 

 

 

Declarado inconstitucional y nulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. (…)

3. (…)

4. (…)

Artículo 229. Control de las prestaciones

Sin perjuicio de las facultades de los servicios competentes en cuanto a inspección y control en orden a la sanción de las infracciones que pudieran cometerse en la percepción de las prestaciones por desempleo, corresponde a la entidad gestora controlar el cumplimiento de lo establecido en el presente título y comprobar las situaciones de fraude que puedan cometerse.

La entidad gestora podrá exigir a los trabajadores que hayan sido despedidos en virtud de las letras c), d) y e) del apartado 1 del art. 208, acreditación de haber percibido la indemnización legal correspondiente.

En el caso de que la indemnización no se hubiera percibido, ni se hubiera interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva, o cuando la extinción de la relación laboral no lleve aparejada la obligación de abonar una indemnización al trabajador, se reclamará la actuación de la Inspección a los efectos de comprobar la involuntariedad del cese en la relación laboral.

La entidad gestora podrá suspender el abono de las prestaciones por desempleo cuando se aprecien indicios suficientes de fraude en el curso de las investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra el fraude.

 

Artículo 229. Control de las prestaciones

Sin perjuicio de las facultades de los servicios competentes en cuanto a inspección y control en orden a la sanción de las infracciones que pudieran cometerse en la percepción de las prestaciones por desempleo, corresponde a la Entidad Gestora controlar el cumplimiento de lo establecido en el presente Título y comprobar las situaciones de fraude que puedan cometerse.

 

 

 

 

 

(declarado inconstitucional y nulo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal fin, la entidad gestora podrá suspender el abono de las prestaciones por desempleo cuando se aprecien indicios suficientes de fraude en el curso de las investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra el fraude.

Disposición Adicional Octava.   Normas de desarrollo y aplicación a Regímenes Especiales

1. Será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 137, apartados 2 y 3; 138; 140, apartados 1, 2 y 3; 143; 161, apartados 1, 2 y 3; 161 bis, apartado 1 y apartado 2. B); 162, apartados 1.1, 2, 3, 4 y 5; 163; 165; 174; 174 bis; 175; 176, apartado 4; 177, apartado 1, segundo párrafo; 179, 179 ter, 179 quáter, 179 quinquies y 179 sexies. Igualmente, serán de aplicación las normas sobre las prestaciones familiares contenidas en el capítulo IX del título II; las disposiciones adicionales séptima bis, cuadragésima tercera y quincuagésima novena y las disposiciones transitorias quinta, apartado 1, quinta bis, sexta bis y decimosexta.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se exceptúa la aplicación a los regímenes especiales de lo previsto en el artículo 138 en el último párrafo de su apartado 2, así como lo regulado por su apartado 5.

2. En el Régimen Especial para la Minería del Carbón y para los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, será también de aplicación lo previsto en los arts. 140.4 y 162.1.2.

3. Lo previsto en el apartado 2 del art. 161 bis será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los Regímenes Especiales de la Minería del Carbón y de Trabajadores del Mar.

4. Lo previsto en los arts. 134, 135, 135 bis, 135 ter, 135 quáter y 166 será aplicable, en su caso, a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales. Lo previsto en los arts. 112 bis y 162.6 será igualmente aplicable a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales. Asimismo, lo dispuesto en los arts. 134, 135, 135 bis, 135 ter, 135 quáter y 166 resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

5. Lo previsto en el último párrafo del apartado 2 y en el apartado 4 del art. 139 será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. A efectos de determinar el importe mínimo de la pensión y del cálculo del complemento a que se refieren, respectivamente, dichos apartados se tomará en consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momento en el Régimen General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se reconozcan las pensiones de incapacidad permanente total y de gran invalidez.

6. No obstante lo indicado en los apartados precedentes, lo dispuesto en el art. 166.3, en lo que se refiere a la reducción del 0,50 por 100 prevista en su segundo inciso, y la escala de edades incluida en el art. 166.2 a) no será de aplicación a los trabajadores a que se refiere la norma 2ª de la disposición transitoria tercera del Decreto 1867/1970, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Disposición Adicional Octava.   Normas de desarrollo y aplicación a Regímenes Especiales

1. Será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 137, apartados 2 y 3; 138; 140, apartados 1, 2 y 3; 143; 161, apartados 1, 2 y 3; 161 bis, apartado 1 y apartado 2. B); 162, apartados 1.1, 2, 3, 4 y 5; 163; 165; 174; 174 bis; 175; 176, apartado 4; 177, apartado 1, segundo párrafo; 179, 179 ter, 179 quáter, 179 quinquies y 179 sexies. Igualmente, serán de aplicación las normas sobre las prestaciones familiares contenidas en el capítulo IX del título II; las disposiciones adicionales séptima bis, cuadragésima tercera y quincuagésima novena y las disposiciones transitorias quinta, apartado 1, quinta bis, sexta bis y decimosexta.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se exceptúa la aplicación a los regímenes especiales de lo previsto en el artículo 138 en el último párrafo de su apartado 2, así como lo regulado por su apartado 5.

2. En el Régimen Especial para la Minería del Carbón y para los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, será también de aplicación lo previsto en los arts. 140.4 y 162.1.2.

3. Lo previsto en el apartado 2 del art. 161 bis será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los Regímenes Especiales de la Minería del Carbón y de Trabajadores del Mar.

4. Lo previsto en los arts. 134, 135, 135 bis, 135 ter, 135 quáter y 166 será aplicable, en su caso, a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales. Lo previsto en los arts. 112 bis y 162.6 será igualmente aplicable a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales. Asimismo, lo dispuesto en los arts. 134, 135, 135 bis, 135 ter, 135 quáter y 166 resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

5. Lo previsto en el último párrafo del apartado 2 y en el apartado 4 del art. 139 será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. A efectos de determinar el importe mínimo de la pensión y del cálculo del complemento a que se refieren, respectivamente, dichos apartados se tomará en consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momento en el Régimen General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se reconozcan las pensiones de incapacidad permanente total y de gran invalidez.

 

 

 

 

(Declarado inconstitucional y nulo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición Adicional Trigésima Novena. Requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones

1. En el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de cotizaciones, para el reconocimiento de las correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad Social será necesario que el causante se encuentre al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social, aunque la correspondiente prestación sea reconocida, como consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena.

A tales efectos será de aplicación el mecanismo de invitación al pago previsto en el art. 28.2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cualquiera que sea el Régimen de la Seguridad Social en que el interesado estuviese incorporado, en el momento de acceder a la prestación o en el que se cause ésta.

2. Cuando al interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las cotizaciones a efectos del reconocimiento de una prestación, en virtud de un aplazamiento en el pago de las cuotas adeudadas, pero posteriormente incumpla los plazos o condiciones de dicho aplazamiento, perderá la consideración de hallarse al corriente en el pago y, en consecuencia, se procederá a la suspensión inmediata de la prestación reconocida que estuviere percibiendo, la cual solamente podrá ser rehabilitada una vez que haya saldado la deuda con la Seguridad Social en su totalidad. A tal fin, de conformidad con lo establecido en el art. 40.1.b) de esta Ley, la Entidad Gestora de la prestación podrá detraer de cada mensualidad devengada por el interesado la correspondiente cuota adeudada.

3. A efectos del reconocimiento del derecho a una pensión, las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los dos meses previos a aquél, cuyo ingreso aún no conste como tal en los sistemas de información de la Seguridad Social, se presumirán ingresadas sin necesidad de que el interesado lo tenga que acreditar documentalmente. En estos supuestos, la entidad gestora revisará, con periodicidad anual, todas las pensiones reconocidas durante el ejercicio inmediato anterior bajo la presunción de situación de estar al corriente para verificar el ingreso puntual y efectivo de esas cotizaciones. En caso contrario, se procederá inmediatamente a la suspensión del pago de la pensión, aplicándose las mensualidades retenidas a la amortización de las cuotas adeudadas hasta su total extinción, rehabilitándose el pago de la pensión a partir de ese momento.

Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicaión siempre que el trabajador acredite el periodo mínimo de cotización exigible, sin computar a estos efectos el periodo de tres meses referido en el mismo.

 

Disposición Adicional Trigésima Novena. Requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones

1. En el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de cotizaciones, para el reconocimiento de las correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad Social será necesario que el causante se encuentre al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social, aunque la correspondiente prestación sea reconocida, como consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena.

A tales efectos será de aplicación el mecanismo de invitación al pago previsto en el art. 28.2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cualquiera que sea el Régimen de la Seguridad Social en que el interesado estuviese incorporado, en el momento de acceder a la prestación o en el que se cause ésta.

2. Cuando al interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las cotizaciones a efectos del reconocimiento de una prestación, en virtud de un aplazamiento en el pago de las cuotas adeudadas, pero posteriormente incumpla los plazos o condiciones de dicho aplazamiento, perderá la consideración de hallarse al corriente en el pago y, en consecuencia, se procederá a la suspensión inmediata de la prestación reconocida que estuviere percibiendo, la cual solamente podrá ser rehabilitada una vez que haya saldado la deuda con la Seguridad Social en su totalidad. A tal fin, de conformidad con lo establecido en el art. 40.1.b) de esta Ley, la Entidad Gestora de la prestación podrá detraer de cada mensualidad devengada por el interesado la correspondiente cuota adeudada.

 

 

 

(declarado inconstitucional y nulo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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